El 15 de septiembre se puso en marcha la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación económica que quiere garantizar unos ingresos mínimos y dignos a aquellas personas que lo necesiten. La ayuda significa un paso adelante para muchas personas, entre ellas las personas sin hogar, pero sigue siendo insuficiente.
La Renta Garantizada de Ciudadanía afectará a muchas personas solas y familias de Cataluña. Se trata de una prestación económica que se considera un derecho inherente a la persona y que quiere tener en cuenta aspectos sociales y de inclusión laboral para lograr un objetivo: garantizar una vida digna a aquellas personas y familias que no cuentan con unos ingresos mínimos.
La iniciativa afecta a todas aquellas personas que ya tenían una renta mínima de inserción (RMI) o pensiones y otras ayudas del Estado con complementos que dependían de la Generalitat, y también será una oportunidad para otras personas que hasta ahora no tenían este apoyo económico. Si hablamos de una persona sola, por ejemplo, se establece que a partir de este septiembre la cuantía económica sea de 564€ y que vaya aumentando durante los próximos tres años hasta llegar a los 664€.
Impulsar la Renta Garantizada demuestra voluntad política y podría ser un punto de partida para otras ayudas se incorporen en el futuro. El hecho de contar a partir de ahora con una ventanilla única es un punto positivo que ayudará a unificar las gestiones. La debilidad es que 564€ significarán una tirita para todas las necesidades existentes.
Renta Garantizada y personas sin hogar
En el caso de las personas sin hogar, contar con la Renta Garantizada puede significar un pequeño paso adelante porque habrá personas que tengan un poco más de capacidad económica. El problema, sin embargo, no se resolverá porque no es sólo económico y la persona seguirá necesitando apoyo de la administración o de las entidades sociales. Es el caso de las 135 personas sin hogar vinculadas a Arrels y que actualmente reciben algún tipo de apoyo para garantizar un alojamiento estable.
Nos preocupa que personas que duermen en la calle y que tienen muchas dificultades sociales y de habilidades no puedan acceder a esta prestación porque, para su tramitación, se necesita pedir una cita previa e ir. Esto significa una gestión más que antes la persona no tenía que hacer y que en muchos casos será complicado porque no se adapta a la realidad de la vida en la calle.
También habrá que tener en cuenta la visión social, y no sólo la laboral, porque personas con problemas de adicción, de salud mental, o muy deterioradas por la vida en la calle, tal vez ya no podrán acceder al mercado laboral.
Las prestaciones como herramienta contra la pobreza
El proceso para debatir y aprobar la Renta Garantizada ha sido largo. En marzo de 2013, la Mesa del Parlamento abrió la tramitación de la iniciativa y en enero de 2014 la comisión de control anunció que se había alcanzado el mínimo de 50.000 firmas y que la tramitación parlamentaria podía continuar. En este tiempo, Arrels ha apoyado la iniciativa participando en el debate en el Parlament de Cataluña y, de manera más continuada, a través de la federación de entidades de acción social ECAS.
La Renta Garantizada afectará a miles de personas. Según datos de la Generalidad de Cataluña, en la actualidad 28.000 personas pasarán de recibir la Renta Mínima de Inserción a recibir la Renta Garantizada y la previsión es que en el 2020 llegue a 68.000 hogares.
En este contexto, el último informe de indicadores sociales de ECAS muestra que una cuarta parte de la población en Cataluña está en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2016, el 19,2% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza, un 5,5% de los hogares sufría privación material severa y en el 7,2% de los hogares había baja intensidad de trabajo. La situación sería aún más grave si no existieran las prestaciones sociales ya que, sin estas ayudas, el porcentaje de población que sufriría pobreza y exclusión llegaría casi al 50%.
“Tener trabajo no es garantía de no caer en la pobreza o salir”, añade ECAS, porque hay formas de trabajo remunerado “que no evitan el riesgo de pobreza”, la inestabilidad y la precariedad laboral.
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Informe INSOCAT 8 d’ECAS